Un total de 130 organizaciones de la sociedad civil han pedido a la Unión Europea (UE) que no desaproveche una oportunidad única de ejercer su papel en la búsqueda de soluciones para el comercio de minerales con los que se financian conflictos.
Cada año, las empresas introducen minerales en Europa por valor de miles de millones de euros sin comprobar si han servido para financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos
