La Ciudad de Miami, las escuelas públicas del Condado Miami-Dade y varias compañías perdieron millones de dólares en pagos de seguro de salud como resultado de ser estafados por clínicas corruptas que presentaron tarifas falsas de inyecciones para el dolor, de acuerdo con encausamientos recién presentados.
Agentes federales arrestaron el miércoles a 14 sospechosos por cargos de conspiración para estafar más de $130 millones a entidades públicas, compañías privadas y aseguradoras importantes, particularmente Blue Cross Blue Shield, United Healthcare y Cigna.
Otros cuatro sospechosos –incluyendo al supuesto cabecilla, Reynaldo Castillo– también fueron encausados pero todavía no han sido capturados. Se espera que uno de ellos, Danny Jacomino Bordón, quien tenía una clínica de rehabilitación de Miami así como un negocio de producción de películas llamado Ouija Studios, se entregue el jueves a agentes del FBI.
En conjunto, las diversas entidades y sus aseguradoras pagaron $15 millones a la red de atención médica, la cual operaba unas 35 clínicas en Hialeah, Doral y Miami entre el 2012 y el 2015, de acuerdo con las actas judiciales.
Entre las entidades estafadas: Pepsi Co., Macy’s, RadioShack, BJ’s Wholesale Club, Lincoln Property Company, Nextera Energy y Southeast Frozen Foods Company.
La mayoría de estas, así como la Ciudad de Miami y el sistema escolar de Miami-Dade, se aseguran a sí mismas con planes de salud manejados por las grandes aseguradoras, de modo que los pagos por servicios fraudulentos salieron directamente de sus bolsillos.
El fiscal federal adjunto Christopher Clark dijo que trataría de detener a casi todos los acusados porque se les considera riesgo de fuga, posiblemente a Cuba. Además, está tratando de recuperar millones de dólares pagados a los acusados, y de confiscar al menos cinco edificios que algunos compraron para albergar sus clínicas.
Sus lecturas de cargos y audiencias de fianza están fijadas para el próximo miércoles.
El caso es inusual porque por lo general la fiscalía federal enjuicia a estafadores que tratan de esquilar al programa de Medicare, financiado por los contribuyentes.
Pero, según las actas judiciales, las clínicas usaron métodos ya familiares para llevar a cabo sus negocios sucios: comprar los nombres de empleados para presentar falsas facturas, sobornar a reclutadores de pacientes y usando impropiamente la información de las licencias para ejercer de los médicos. La mayoría de las facturas eran por inyecciones para tratar supuestos dolores de rodilla y espalda.
Reynaldo Castillo, Hendris Castillo Morales, Lisbet Castillo Batista y Maite García eran dueños y administradores de casi todas las clínicas –incluyendo 1st Class Medical Centers, A Woman Health Center y Absolute Rehabilitation Center– según las actas judiciales.
El reclutador de pacientes Alejandro Biart está acusado de aceptar sobornos de parte de sus cómplices a cambio de remitir a sus clínicas a beneficiarios de Cigna.
La mayoría de los demás acusados permitían, a cambio de dinero, que se usaran sus nombres para crear las clínicas, abrir cuentas de banco y cobrar cheques recibidos de Cigna, Blue Cross Blue Shield y United Healthcare, de acuerdo con las actas judiciales.
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